Eva Belmonte: "El trabajo del periodista es poner los datos en contexto"

Eva Belmonte (Civio): «El trabajo del periodista es entender los datos, ponerlos en contexto y encontrar el punto relevante»

Eva Belmonte es periodista y autora del ‘BOE nuestro de cada día‘, donde se publican noticas e investigaciones basadas en la lectura diaria del Boletín Oficial del Estado.

Este proyecto, que forma parte desde 2013 de la Fundación Ciudadana Civio, «una organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a los poderes públicos, informa a todos los ciudadanos y presiona para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones». Un servicio que siempre es relevante en una sociedad democrática y que ha adquirido mayor importancia, si cabe, desde el mes de marzo.

En su haber ya acumulan el Premio Gabriel García Márquez 2016 a la innovación periodística por su investigación ‘Medicamentalia’ sobre el acceso global a medicamentos esenciales; dos Data Journalism Award, el premio internacional más prestigioso en periodismo de datos, y el Concha García Campoy de Periodismo Científico a Ángela Bernardo por el trabajo ‘El caso Baselga es la punta del iceberg: cuando los médicos no declaran sus conflictos de intereses con las farmacéuticas‘.

Hemos conversado con Belmonte para conocer mejor este proyecto, hablar sobre la avalancha de datos de estos meses y cómo los manejan los medios de comunicación y los partidos políticos, y cómo la ley ampara el acceso de cualquier ciudadano a ellos.

– ¿Cómo nace Civio?

Civio se inscribió en 2012 en el registro. Se trataba de un proyecto centrado en temas de transparencia, tecnología y open data. En paralelo, yo había estado trabajando en ‘El Mundo’ en Barcelona, pero me echaron en un ERE y me fui a vivir a Madrid. En ese momento ya tenía en la cabeza hacer algo como ‘El BOE nuestro de cada día’, porque cuando trabajaba en el periódico hacía mucho periodismo político, que al final consistía en perseguir a políticos para conseguir declaraciones y, sinceramente, me molestaba bastante. Así que cuando me instalé en Madrid, y mientras cobraba el paro, monte un proyecto con WordPress donde empecé a publicar artículos sobre lo que leía en el BOE. Enseguida empezó a ir muy bien, David Cabo contactó conmigo y me ficharon.

Civio Eva Belmonte

– ¿Cómo fue su llegada a Civio?

El primer proyecto en el que trabajé con David fue ‘El indultómetro’, con un enfoque más periodístico frente a lo que venían haciendo hasta ese momento. Una línea que ha conservado Civio desde mi incorporación a principios de 2013. Hasta ese momento recogían datos y los colgaban para que estuvieran a disposición de quien quisiera usarlos, pero con mi entrada nos centramos más en hacer periodismo, en explicar esos datos y ponerlos en contexto para ir un poco más allá.

Ahora mismo somos diez personas. Cuatro periodistas que elaboran los reportajes, entre los que estoy yo, y tres personas que están en la parte más técnica, incluyendo a David. Además hay otros dos periodistas; uno de ellos lleva toda la parte de comunicación y otra persona que lleva comunidad y socios. Y para completar el equipo contamos con quien se ocupa de administración. Todos los periodistas de Civio son especialistas en tratamiento de datos.

– “Datos que cuentan contra la opacidad” es el lema de Civio. ¿Es difícil en España acceder a la información pública?

El lema tiene doble combo: cuentan porque cuentan la historia y cuentan porque son relevantes para entender cómo funciona todo. El objetivo de Civio es centrarnos en esos temas que son relevantes para todo el mundo y que están ocurriendo mientras se habla de otros asuntos. Y, al mismo tiempo, intentamos que haya menos opacidad en las administraciones, ya sea pidiendo información, publicando la falta de disponibilidad de datos que son muy relevantes para la toma de decisiones o presentando reclamaciones vía judicial.

«El objetivo de Civio es centrarnos en esos temas que son relevantes para todo el mundo y que están ocurriendo mientras se habla de otros asuntos»

– Del acceso a esa información surgen investigaciones como ‘¿Quién cobra la obra?’, ‘España en llamas’, ‘¿Quién manda?’ o ‘Medicamentalia’, donde se ponen en evidencia o se visibilizan asuntos o situaciones que no deberían producirse en una sociedad democrática. ¿Cómo eligen los temas que publican?

El BOE es un cajón de sastre porque lo mismo sale un tema económico que uno laboral, de salud o de derechos. En el día a día, la elección depende mucho de lo que sea noticia dentro de lo que se publica en el boletín. Para el resto de proyectos, son contenido en los que llevamos trabajando muchos años; tenemos las áreas temáticas muy claras: temas de contratación, de poder, de justicia (con ‘El indultómetro’ sobre todo) y de acceso a la salud.

Todos ellos empezaron con algún asunto que nos pareció importante en su momento y en algunos casos porque a nuestros socios les parecían relevantes, nos lo comentaban y, sobre todo, también porque queríamos llenar un vacío. No se hablaba de esos temas a fondo, únicamente cuando estaban de actualidad. Más allá de los grandes bloques, de manera periódica nos sentamos para ver qué cosas nos gustaría tratar y valoramos si podemos sacarlo adelante según prioridades, financiación o porque encaja con la actualidad.

– Desde hace un tiempo proliferan proyectos de periodismo independiente al margen de los grandes grupos y medios de comunicación. ¿Hasta qué punto cree que son capaces de llegar de forma masiva a los ciudadanos?

Hay muchas maneras de llegar al ciudadano. Lo que me preocupa es que valoremos el impacto de un medio teniendo solo en cuenta cuánta gente lo lee. Ya sabemos que esa es una métrica que en realidad no muestra el impacto porque, por ejemplo, nosotros todo lo que publicamos es Creative Commons y lo replica un montón de gente. Otro ejemplo: el impacto de ‘El indultómetro’ no se puede valorar en cuanto a visitas de la página de la noticia, porque se usa como fuente de referencia para el debate público o cuando los partidos presentan enmiendas. Cuando un periodista prepara temas sobre indultos también lo utiliza, de ahí que su impacto sea muy variable y difícil de medir.

Llegar al público general con la actual cultura del clickbait, por mucha pena que me de, es mucho más complejo. Lo que han hecho otras plataformas como Maldita o Newtral, por ejemplo, es estar muy presentes en la televisión. Nosotros tenemos una estrategia mucho más centrada en la colaboración con los grandes medios porque no creo que sean mi enemigo. Pueden usar nuestros datos como fuente de referencia y publicar nuestros artículos. Nuestra estrategia siempre se ha centrado en que mucha gente nos lea, esté bien informada y, a partir de ahí, tener un debate más sosegado.

«Nuestra estrategia siempre se ha centrado en que mucha gente nos lea, esté bien informada y, a partir de ahí, tener un debate más sosegado»

– Desde su experiencia durante estos años con el ‘BOE nuestro de cada día’, ¿cree que los organismos oficiales se adelantan demasiado en sus anuncios? ¿O es una respuesta a la demanda de datos, sobre todo en estos últimos meses?

Aquí hay dos cosas. Por una parte está el tema del bombardeo de datos y documentos. Creo que hay un problema muy importante, y esto es equiparable a lo que está pasando con el coronavirus en el periodismo científico. Se están dando un montón de datos a gente que no sabe cómo tratarlos, solo escoge un número y le pone un titular, generando muchas veces confusión. El trabajo del periodista es entender esos datos, ponerlos en contexto y encontrar el punto relevante. Llevo ocho años leyendo el BOE y nadie me hacía ni caso. Ahora, de repente, todo el mundo lee el BOE y leo auténticas burradas cada día.

Sobre si se precipitan al anunciar medidas, creo que sí. Hay un problema de la política actual, más dirigida por los especialistas en comunicación que por los especialistas en leyes. Lo que ocurre es que se anuncia una iniciativa o una norma porque el de comunicación cree que es el momento adecuado, y luego llega el asesor técnico y dice que eso ya estaba hace tiempo recogido en una ley o que no encaja con otra norma, o que no es constitucional. Al final la política está tan dirigida al escaparate que se anuncia una medida de manera precipitada y cuando llega un mes después al BOE no es lo que se había anticipado, pero ya da igual, porque la atención estaba sobre el anuncio y no en lo que de verdad pasa. Eso es lo preocupante.

Eva Belmonte

– Después de tres años con el puesto vacío, se acaba de anunciar el nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Transparencia, un organismo que se creó para garantizar el acceso a los datos públicos, aunque no siempre cumple con esta función. ¿Habrá un cambio a partir de ahora?

Si no hay un cambio de la ley que le dé de verdad poderes al Consejo y lo convierta en una institución independiente, soy bastante pesimista. De hecho, mi miedo ahora mismo es que cambia a peor. El trabajo que hizo los primeros años el Consejo de Transparencia, cuando estaba Esther Arizmendi al mando (falleció hace tres años), fue bastante valiente teniendo en cuenta los mimbres que teníamos, sin apenas presupuesto ni recursos.

Su independencia no era al cien por cien real y la ley no era perfecta, pero Esther fue una persona muy valiente. Durante estos últimos años hemos notado cómo el Consejo de Transparencia ha perdido esa valentía. Ha resuelto algunas reclamaciones con criterios mucho menos en favor del ciudadano que al principio sobre el mismo tema, por ejemplo. Yo no creo que eso sea porque haya faltado una persona que ocupara la presidencia, si no porque hay que contar con alguien valiente al frente.

«Uno de los problemas de la política actual es que está más dirigida por los especialistas en comunicación que por los especialistas en leyes»

– El 3 de marzo el Tribunal Supremo les dio la razón y establece que las administraciones públicas están obligadas a dar a los ciudadanos información creada antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en diciembre de 2014. Les llevó cinco años conseguirlo. ¿Tan abstracta es la interpretación de esta ley? ¿Qué cambios serían necesarios?

Esto ya lo ha dicho un juez, pero ya lo decía la ley y tiene que haber muchos más cambios. Para empezar, hay gran cantidad de información que tenía que publicarse por defecto como, por ejemplo, el registro de lobbies y agendas de reuniones, o todos los documentos previos a la aprobación de una norma, lo que se llama la huella legislativa. No tiene sentido que conozcamos un decreto ley complicadísimo que afecta a medidas laborales el mismo día que entran en vigor. Se publica en el BOE sin saber cómo ha llegado hasta ahí.

En cuanto al Consejo de Transparencia, debería tener poder sancionador y garantizar que las personas que formen parte de él sean independientes. Esto significa poner veto a aquellos con vínculos directos a partidos; los partidos tienen mucho interés en que determinada información no se conozcan. Por ejemplo, cuando te dicen que no te pueden dar las declaraciones de actividades y de bienes de diputados y senadores que ya no están en el cargo, no puedes ver qué declaraciones de bienes hacía Bárcenas. Y para investigar casos de corrupción, por ejemplo, muchas veces tienes que irte muy atrás cuando se destapan. Por eso necesitamos de verdad gente independiente que se ponga del lado del ciudadano

– A día de hoy, ¿lo ve factible?

Es muy complicado garantizar la independencia cien por cien, pero hay elementos muy básicos. Es un organismo que tiene su propio presupuesto y tiene que haber unos criterios básicos a la hora de ser nombrado como presidente o miembro del mismo, como tener una determinada experiencia, no haber pertenecido a partidos políticos o no  haber tenido cargos como personal eventual en los partidos o de asesoramiento. Igual debería ocurrir en el caso de sindicatos o determinadas empresas que pueden influir. Ese tipo de cosas deberían ser un requisito previo antes de llevar a alguien al Congreso y debatir a quién se vota. Ahora mismo solo el Gobierno puede proponer un nombre. Se podría abrir a que la ciudadanía pueda hacer su propuesta a través de procesos participativos o que cualquier otro partido por representación parlamentaria pueda proponer un nombre, no solo el Gobierno.

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Imágenes | Fundación Ciudadana Civio, Fernándo Sánchez

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