Sabrina lleva medio año en Barcelona cuando se descubre un bulto en el cuello. Aunque no tiene tarjeta sanitaria, recibe atención primaria. Es derivada de urgencia al hospital, donde la informan de que tiene pagar 250 euros. No puede afrontar ese gasto. Se calcula que la reforma sanitaria aprobada el 20 de abril de 2012 ha dejado a más de 870.000 personas sin atención sanitaria normalizada. Una situación que ha derivado en un aumento de la mortalidad entre los inmigrantes indocumentados y en un serio problema de salud pública.
Dos meses después de no pagar la factura del hospital, Sabrina recibe una llamada de la médica de cabecera que la había atendido en primer lugar. Cuando le cuenta lo sucedido, esta intercede para que las pruebas se le hagan en un ambulatorio, sin coste. El resultado: le detectan un linfoma torácico extendido. Afortunadamente, recibe tratamiento y responde de forma positiva.
El caso de esta italiana afincada en Barcelona es uno de los muchos recogidos por REDER, La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012. El de Sabrina es un ejemplo de lo que pudo acabar siendo y no fue. Pero hay muchos otros que no corrieron la misma suerte. Tras el decreto ley de 2012, la mortalidad en el colectivo de inmigrantes irregulares ha aumentado un 15%; y la tendencia va a más. Así lo sostiene el paper ‘The deadly effects of losing health insurance’, publicado por investigadores de la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra.
El impacto de la reforma sanitaria
“Una de las cosas que introdujo la reforma de 2012 era que se restringía el acceso a la salud pública para un grupo de personas. El más numeroso eran los inmigrantes irregulares. Se cancelaron las tarjetas sanitarias de la población que no podía presentar un permiso de residencia”, explica Judit Vall, directora del Centro de Investigación Economía y Salud de la Universitat Pompeu Fabra y una de las firmantes del estudio.
El propio informe de aplicación de la reforma estimaba que 873.000 personas se iban a quedar sin tarjeta sanitaria. Varias ONGs y asociaciones como REDER han intentado dar seguimiento a los casos de forma local. Pero no existían datos agregados sobre el conjunto del Estado. “Ahí es donde entramos nosotros, analizando los registros de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre el 2009 y el 2015”, continúa Vall.
El impacto de la reforma es claro ya en 2013, con un aumento de la mortalidad del 15% en los colectivos afectados. En 2014 se mantiene la tasa y en 2015 aumenta al 22%. Estos efectos no se dejan ver en los menores de edad (que sí mantuvieron el acceso al sistema, junto a las embarazadas y las situaciones de urgencia). En números absolutos, estas tasas han supuesto 70 muertes más por año entre los inmigrantes irregulares.
Además, el estudio refleja que, en los tres años previos a la reforma, la tasa de mortalidad se redujo tanto entre inmigrantes como entre la población nativa. Entre estos últimos, la mortalidad continuó reduciéndose en los tres años posteriores a la nueva ley de sanidad. Si bien es cierto que algunas comunidades autónomas, como Valencia o Baleares, han introducido leyes propias para garantizar la cobertura de la población irregular, el informe no refleja diferencias significativas.
La complejidad de los datos
“Se trata de un grupo de población que es muy difícil de identificar”, señala Judit Vall. Además, los registros del INE no diferencian entre la situación administrativa de cada fallecido. Para cada país de origen se consulta quiénes están censados. A este número se le resta la cantidad de personas de ese país que tienen tarjeta de residencia. El resultado es la cifra aproximada de inmigrantes irregulares por nacionalidad, la cual se usa como referencia.
Además, se dividen las causas de muerte entre inevitables y con más posibilidades de evitarse si se tiene acceso a un sistema de salud. “Aunque vemos que aumentan todas las causas de mortalidad, aumentan mucho más las muertes por aquellas causas que se podrían evitar con acceso a sanidad”, explica la investigadora catalana. El cambio de tendencia, asegura, es claro. “Se nota ya en el primer mes de aplicación de la reforma”.
la salud de todos
El objetivo de la reforma sanitaria era terminar con el llamado turismo sanitario, el uso fraudulento del sistema de salud, y generar un ahorro de unos 500 millones de euros. Para ello, se empezó a demandar un permiso de residencia para obtener una tarjeta sanitaria. Antes de 2012, solo era necesario un certificado de empadronamiento. Esto, aunque sea más sencillo, tampoco se consigue de un día para otro.
“La población inmigrante suele ser joven y con salud, no utiliza mucho los servicios sanitarios. Aun así, si hablamos de enfermedades contagiosas y asumimos que una parte de esta población que no está cubierta tiene hijos integrados en el sistema educativo, podría aumentar el contagio. Y hablamos de enfermedades, en su mayoría, de tratamiento sencillo”. Para Judit Vall, es complicado que la reforma haya supuesto un ahorro y podría generar sobrecostes en el futuro por la falta de prevención.
«Hablamos de gente que ya está en el país. Que ya están recibiendo tratamiento. Que tienen enfermedades crónicas. Creo que es generar un problema de salud pública»
“Los ahorros son mínimos, pero se crea un pánico tremendo entre la población afectada. Hablamos de gente que ya está en el país. Que ya están recibiendo tratamiento. Que tienen enfermedades crónicas. Creo que es generar un problema de salud pública. La gente no desaparece ni las enfermedades se curan porque se dejen de tratar”, concluye la investigadora.
María y José son una pareja de argentinos que viven en Canarias. Aunque su situación es legal, a José se le deniega el acceso a la toda atención que no sea de urgencias. Carolina es española y, tras pasar un tiempo en Ecuador, volvió a Galicia con su marido y su hijo. Al pequeño se le negó atención sanitaria mientras no tuviese papeles. Los casos recogidos por Médicos del Mundo y REDER se acumulan en páginas y páginas de informes.
Muchos de estos casos, además, incumplen el propio decreto. Entre 2012 y 2017, según los datos de REDER, se negó asistencia sanitaria a 158 mujeres embarazadas, 270 menores de edad, 29 solicitantes de asilo y 364 situaciones de urgencia, todas ellas excepciones del real decreto. La conclusión de la asociación es clara. “Renunciar al modelo de prevención basado en una atención universal, empujando a una parte de la población a tener que recurrir a la atención en urgencias como única vía para conseguir asistencia médica, resulta mucho más caro y conlleva mayores riesgos sanitarios”.
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