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No se ven mucho en España, pero en algunos países son muy populares e incluso obligatorias. Las dashcams, o cámaras de salpicadero, permiten grabar mientras conducimos y pueden ser de ayuda si hay un accidente. Sería algo así como una versión casera de la caja negra de un avión. Las cámaras pueden ser delanteras, aunque también se venden sets de dos aparatos que se interconectan y graban lo que pasa delante y detrás del vehículo durante la conducción.
Sus precios oscilan entre los 20 y los 300 euros. Además de grabar, los mejores aparatos van provistos de GPS, alta calidad de imagen o “bucle continuo”. Esto último significa que siguen grabando una vez la tarjeta de memoria está llena. Además, los dispositivos de gama alta permiten la visualización de las imágenes en la propia cámara.
En España, las dashcams viven en un vacío legal. La DGT dice que se pueden llevar mientras no dificulten la visión del conductor y mientras no se manipulen cuando se conduce, lo mismo que un navegador o que un móvil. Los problemas pueden llegar a la hora de utilizar el contenido que se graba. En esencia, los particulares no están autorizados a grabar de forma continuada el espacio público. Esto es una competencia de las Fuerzas de Seguridad y se llama “videovigilancia”. Lo que sí pueden hacer es grabar de forma esporádica, y siempre para uso doméstico.
Además, tampoco pueden compartir el contenido de las grabaciones por internet o por redes sociales, puesto que pueden infringir la LOPD, la Ley de Protección de Datos. Los vídeos deben quedar para uso privado del conductor que ha instalado la dashcam. Llegado el caso de tener que recurrir a esas imágenes en un juicio, porque hemos tenido un accidente por ejemplo, su idoneidad tampoco está clara.
Eso sí, hay expertos que recuerdan que la LOPD deja un resquicio. Y es que en algunos casos puede prevalecer el interés del que graba para obtener pruebas de infracciones de tráfico sobre el derecho a la privacidad de la otra parte. De todas formas, la Agencia Española de Protección de Datos no tiene una postura oficial publicada.
Hay abogados que defienden el uso de las grabaciones de dashcams, si previamente se pixelan las caras de personas y matrículas de coches que no están involucrados. Pero al final todo dependerá del juez que nos toque y de lo pertinente que considere esta “prueba” en el proceso.
En Rusia son obligatorias
Al este de Europa, donde hay muchas estafas a las compañías aseguradoras, las dashcams están muy extendidas. En Rusia incluso son obligatorias porque hay mucha picaresca y no han sido raros los casos de denuncias por falsos atropellos a peatones. También han servido allí estas cámaras para rebajar la corrupción policial.
Más cerca, en Inglaterra y Gales, los conductores pueden denunciar excesos de velocidad u otros comportamientos impropios subiendo sus grabaciones a una plataforma en la nube. No es una prueba definitiva. Pero sí puede servir a la policía de Reino Unido a la hora de iniciar una investigación.
En Austria están prohibidas
Sin embargo, en otros países las dashcams están totalmente prohibidas por ley. Es el caso de Austria. En Suiza, las autoridades desaconsejan su uso. Mientras que en Alemania también será complicado que las grabaciones de estos aparatos tengan validez en un juicio. Mientras tanto, en Luxemburgo la teoría dice que colocar una cámara en el salpicadero no va contra la ley, pero su uso en la vía pública está totalmente prohibido. En fin, un verdadero berenjenal legal.
En España, un fabricante de estos dispositivos dice que las cámaras de salpicadero empezarán a popularizarse cuando alguna aseguradora importante fomente su uso rebajando significativamente, por ejemplo, la cuantía del seguro a los clientes que las lleven en su vehículo. Parece que buena parte del futuro de las dashcams depende del sector asegurador. Veremos.
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