Ya no es suficiente con que las empresas generen beneficio económico para los accionistas, sino que deben aportar valor a todos sus grupos de interés y propiciar un crecimiento inclusivo generando un impacto positivo al entorno.
La guía destaca que se ha producido un cambio en la concepción de la vulnerabilidad y la pobreza en nuestro país. Más allá de los grupos sociales más vulnerables y en riesgo de exclusión (como personas con discapacidad, refugiados, inmigrantes, personas sin techo o víctimas de violencia de género), hoy existen otros factores que inciden en la precariedad en la que viven muchas familias en nuestro país, tales como la pobreza energética, la precariedad laboral (pobres con trabajo), el desempleo persistente, la pobreza infantil, la brecha digital o la falta de acceso a vivienda.
valor compartido y crecimiento inclusivo
Para ello, el informe identifica las claves para crear valor compartido e impulsar el crecimiento inclusivo para aquellos grupos de interés de la empresa con potencial de inclusión a personas desfavorecidas:
- Proveedores: Bajo la premisa del respeto de los derechos humanos en toda la cadena de suministro y garantizar una compensación digna, se identifican cuatro áreas de impacto: políticas de compra (y pago) responsable y sostenible, formación y desarrollo de proveedores, mejora de la trazabilidad social de insumos y productos, y desarrollo de pymes y proveedores de menor tamaño.
- Empleados: Una política responsable de gestión de personas debe incluir la promoción de la diversidad e inclusión dentro de la organización, la flexibilidad y conciliación que permita la integración laboral de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión (jóvenes menores de 25 años, personas con discapacidad, inmigrantes, víctimas de violencia de género, mayores de 50 años, entre otros) o el fomento de la innovación para la inclusión y promoción del intraemprendimiento. Y también seguir apostando por una retribución digna y la protección social, el fomento de la formación y aprendizaje continuo de todos los empleados y el desarrollo de entornos laborales dignos y motivadores.
- Consumidores: Con el propósito de no dejar a nadie atrás, la guía recomienda desarrollar productos y servicios más accesibles y adecuados a la capacidad de pago de personas con menor capacidad adquisitiva o personas con discapacidad. Para ello, la empresa ha de conocer sus necesidades e incorporar una mirada inclusiva. La formación de clientes y consumidores en hábitos y prácticas saludables y la implementación de campañas de comunicación y marketing, inclusivo son otras de las áreas donde la empresa puede contribuir.
- Comunidades locales: Las compañías tienen la oportunidad de ser más inclusivas al apostar por contratar a personas de las comunidades en las que operan, contribuyendo al tejido económico local, integrar a proveedores locales (sobre todo pymes y emprendedores de menor tamaño) en su cadena de suministro e impulsar proyectos de acción social o de filantropía que mejoren sus realidades.
- Inversores: Los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) han adquirido una especial relevancia en los últimos años, lo que ha favorecido el crecimiento de la inversión sostenible. La guía identifica cinco áreas de impacto para el desarrollo de inversores con enfoque inclusivo: la integración del impacto social y la sostenibilidad ambiental en la cadena de valor, asegurar el respeto de los Derechos Humanos, fortalecer el gobierno corporativo, medir el impacto social y ambiental, y mejorar la transparencia y reporting del desempeño ASG.
tarifa social de orange
El informe incluye buenas prácticas de empresas de diferentes sectores en gestión con sus grupos de interés con un enfoque inclusivo, además de diferentes herramientas para su gestión, como Prosper4ALL, que ayuda a medir y certificar el compromiso de las empresas por el crecimiento inclusivo.
Uno de los casos reflejados en el documento es el de la Tarifa Social de Orange. Por solo 14,95€/mes y sin compromiso de permanencia, está destinada a que las familias que cumplan con el requisito de ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de la Renta Mínima de Inserción (RMI) que promueven las distintas Comunidades Autónomas vean cubiertas, durante 12 meses renovables, todas las necesidades de conectividad de su hogar.