El ciudadano quiere formar parte del proceso científico, como ya ha demostrado el éxito de programas y entornos abiertos como Medialab-Prado. Pero ocurre que no siempre hay herramientas para que participe, y el ciudadano no encuentra mecanismos para aportar su granito de arena a los debates y procesos.
Además, cuando lo intenta, aparecen trabas y falta de reconocimiento a su labor, así como problemas de acceso al conocimiento científico generado previamente, solo disponible mediante pago. Pero como veremos a continuación, cada problema tiene una solución cerca.
El conocimiento científico público no es público, y se paga tres veces
La primera barrera que el ciudadano encuentra en el acceso a la ciencia es que no puede leer la mayoría de los artículos científicos publicados (en torno al 75% en 2015) porque tiene que pagar para acceder a su contenido.
El dato contrasta cuando lo comparamos con el hecho de que el 75% de los artículos científicos publicados haya sido financiado con fondos públicos, y que el 60% provengan de universidades. ¿Qué mecanismo rige este tipo de publicaciones y por qué el ciudadano tiene que pagar algo que se supone ya ha sido obtenido con dinero público?
Este modo de gestión viene del tiempo en que resultaba costoso imprimir revistas en papel, y las universidades pactaban con las editoriales la impresión (en exclusiva) de determinados artículos en sus revistas. Las editoriales actuaban como distribuidoras, y las universidades generaban el contenido. Bajo este modelo es lógico que el coste de la distribución sea cobrado a las instituciones, que pagaban por cada hoja impresa.
Pero con la llegada de Internet y la posibilidad de eliminar el costoso papel de la ecuación, las editoriales propusieron a las universidades un cambio de modelo: a cambio del acceso a la enorme red de artículos digitales generada por las universidades, se abonaría una cuota anual que ha ido creciendo año tras año. Por supuesto, en el trato la universidad se ataba de manos de cara el futuro, y sus nuevos artículos (nuevo conocimiento generado con fondos públicos) se cedían a la editorial para su custodia y posterior venta… de nuevo a la universidad, y a todo aquél que quisiera acceder al artículo.
Explicado de forma sencilla, el ciudadano paga hasta en tres ocasiones por el mismo concepto (el acceso al conocimiento):
- De sus impuestos se obtiene el capital para financiar de forma pública una investigación. Se paga el proceso de investigación.
- De nuevo de sus impuestos, la universidad en cuestión paga la cuota anual por acceder a dicho conocimiento. Se paga la edición (maquetación) y almacenaje de los artículos, así como el acceso.
- De su propio bolsillo abona cada artículo científico si desea leerlo. Se paga el acceso al contenido por parte del lector.
Resulta evidente que este modelo de gestión del conocimiento no sale a cuenta para el ciudadano, y que, aunque es necesario que alguien pague el dinero que cuesta maquetar una revista online, esto podría realizarse de forma automatizada por el autor (SciELO) o autores del estudio con una supervisión mínima. Los ciudadanos se preguntan si no sería más sencillo que las propias universidades o estados gestionasen esos artículos científicos tras su desarrollo y los pusiesen a disposición de todos en bibliotecas abiertas.
Muchas universidades han conseguido implantar un modelo de Open Access, en ocasiones previa denuncia a la industria de publicación por lucro. La apertura de la divulgación científica es, según el Libro Blanco de la Ciencia Ciudadana, uno de los pasos necesarios para que la ciencia ciudadana sea una realidad.
El ciudadano no puede crear ciencia
Al más puro estilo del doctor Frankenstein (pero con otra barrera distinta a la creación de vida), y en un marco en el que el ciudadano no es capaz de acceder sin pagar al conocimiento científico, tampoco puede crearlo al no estar reconocido ni tener los medios económicos disponibles para ello.
El modelo educativo actual, que bebe nada menos que de la Revolución Industrial, no fomenta el aprendizaje cooperativo, y sigue planteando un modelo binario de conocimiento que segrega a edades tempranas la posibilidad futura de participar en cualquier tipo de debate o decisión científica: eres de letras o eres de ciencias.
Solo si se avanza por ciencias, y solo tras una educación superior especializada, se adquiere el reconocimiento a la investigación y a la mejora de la ciencia. A esto hay que sumar la dificultad que tiene el científico de conseguir fondos para sus investigaciones, y el veto impuesto por algunas universidades para difundir su investigación.
Constantemente llegan reportes de aficionados que mejoran la ciencia y el conocimiento científico no solo de otros ciudadanos, sino también de instituciones de prestigio. La Wikipedia, nacida en 2001, ya se ha convertido en el mayor repositorio de cultura y conocimiento colectivo del mundo, y fue el primero que valoró la inclusión de ciudadanos anónimos que colaborasen en su edición aportando sus conocimientos sin tener en cuenta su origen.
Un año después de que Wikipedia diese sus primeros pasos arrancó BOINC, plataforma que une diferentes proyectos científicos con ciudadanos que desean donar su RAM para ayudar en diversos cálculos y procesos. Desde procesar datos de partículas del CERN a estudiar enfermedades humanas, cualquiera con un dispositivo con procesador puede aportar algo.
Cientos de proyectos distintos han dado lugar a iniciativas como la mencionada al principio Medialab-Prado: «laboratorios ciudadanos de producción, investigación y difusión de proyectos culturales» que engloban el trato de la cultura y literatura científica, en los que la frontera entre el científico y ciudadano se desdibuja en el citizen science, o ciudadano científico.
Paraguas de la ciencia abierta (Open Science Umbrella). Fuente: ?? ?
Como dice el investigador Antonio Lafuente, «los más beatos de la ciencia necesitaban creer que esta frontera era estricta y que estaba severamente vigilada y defendida», algo que parece hoy día difuso, especialmente cuando los ciudadanos intervienen en las decisiones políticas derivadas de asuntos científicos y de las que quieren formar parte.
La tecnocracia relega la opinión del ciudadano a un dato despreciable
Despreciable en el sentido científico de la palabra: sin valor y de fácil omisión como agente implicado.
Hasta hace no demasiado, esa era la postura de la mayoría de los estados cuando un plan de gobierno requería la intervención de los científicos, el ignorar a los ciudadanos debido a sus supuestos bajos conocimientos sobre determinadas materias, incluso cuando estos contaban con datos relevantes para que un proyecto saliese adelante.
La tecnocracia, sistema perfectamente válido sobre el papel, plantea el problema de que no se escucha a quien tiene que vivir con la solución elegida cuando se trata un problema. El ejemplo típico, que varios ayuntamientos tratan de relegar al pasado, es el de no escuchar a los vecinos que componen un barrio cuando se plantea qué hacer con un solar. A pesar de que los científicos, ingenieros, gestores y arquitectos tengan grandes ideas para ese espacio, es posible que los vecinos tengan alguna necesidad o circunstancia que afecte directamente al proyecto (y que merece la pena tener en consideración).
Carmelo Polino y Dolores Chiappe, en un informe sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología, comentaban como comparativa entre política y ciencia que «la democracia representativa se está transformando debido a la emergencia de formas deliberativas de participación política». Traducido: los ciudadanos quieren participar en la política. Y del mismo modo «las administraciones intentan […] incluir a la ciudadanía en la gestión de la política».
Fuente: World Values Survey (2005-2007), gráfico incluido en el artículo Percepción social de la ciencia y la tecnología. Indicadores de actitudes acerca del riesgo y la participación ciudadana
Pero por chocante que parezca, la inclusión de los ciudadanos en la ciencia es aún menos visible que en la participación política, por lo que la parte de la población implicada (incluso aquella satisfecha con la calidad de la democracia) rechaza de pleno un sistema tecnocrático que le ignorará cuando haya que decidir sobre algo relevante.
Frente a esta postura, muchos gobiernos nacionales, autonómicos y locales ponen a disposición de la ciudadanía foros y mesas participativas donde tratar asuntos de toda índole (también asuntos científicos) para tener en cuenta sus opiniones y conocimientos locales, en muchas ocasiones mayores que los genéricos que pudiesen tener el personal académico, más generalista.
Lejos de ser una moda pasajera, parece que la ciencia ciudadana ha llegado para quedarse, y que será una parte indispensable en la creación de conocimiento del futuro.
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