La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, patronal del sector tecnológico, ha elaborado una guía de propuestas para ayudar a la recuperación del país tras la pandemia covid-19 y a estar mejor preparados para afrontar riesgos futuros.
La patronal también propone incentivos fiscales para facilitar el despliegue de redes y la inversión en infraestructuras, evitar la imposición de nuevas figuras fiscales o la puesta en marcha de “Programas de Talento Digital” con el objetivo de impulsar la formación de personas desempleadas o en situación de ERTE y facilitar su acceso al nuevo mercado laboral emergente, basado en la tecnología y las competencias digitales.
Se aboga asimismo por una modernización de las políticas públicas, con tres grandes Planes Generales para la E-Salud, la E-Educación y la E-Administración, acompañados de un Plan General de Ciberseguridad.
Junto a todo ello, y entre otras medidas, se aboga por el uso de la tecnología para promocionar dentro y fuera de España el turismo, uno de los sectores más afectados por la crisis covd-19.
Un sector fundamental en la crisis del COVID-19
El sector digital y de las telecomunicaciones ha tenido en España un papel fundamental desde el inicio de la crisis provocada por la covid-19. Se ha conseguido sostener, gracias al gran trabajo realizado y a la calidad de las infraestructuras en nuestro país, la actividad de muchas empresas y de sectores críticos.
Se ha superado, y con nota, el test de carga y resistencia por parte de todos los actores involucrados y se ha constatado un uso generalizado de la tecnología sin precedentes. Todo ello ha permitido visualizar al sector como un servicio esencial y un pilar de la sociedad.
Factores que determinarán la situación post-pandemia
El sector digital no es indemne a la fuerte caída de ingresos, de hasta un 50% dependiendo del subsector y la empresa, por el desplome de la demanda a nivel macro a causa de la covid-19. Junto a ello se espera un aumento de la morosidad e impacto en la liquidez de las compañías, el parón de proyectos de consultoría e inversión y la congelación de la contratación pública.
En el apartado de fiscalidad, según la patronal tecnológica, es necesario que se incentive el despliegue de redes y de inversión en infraestructuras digitales (ej. Cloud), eliminar o bonificar el impuesto de Construcciones de Instalaciones y Obras para todos los proyectos que se presenten en el 2020 y 2021, bonificar la tasa general de operadores y la tasa de numeración, reducir las tasas del dominio público radioeléctrico y eliminar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de “ITP” sobre las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, así como reducir la tasa de RTVE, suprimiendo el tramo que grava los ingresos de los operadores de telecomunicaciones.
También se llama la atención sobre la importancia de evitar la imposición de nuevas figuras fiscales a un sector con una presión enorme, promover créditos blandos y actuar sobre otros impuestos, como el IVA o el IAE.
Es fundamental además adoptar con carácter de urgencia las medidas necesarias para completar un level playing field que permita competir en el entorno digital en un momento en el que se ha acreditado la importancia de la acometer la digitalización como única manera de asegurar la continuidad de la actividad económica y social en situaciones extraordinarias.
despliegue de redes en zonas rurales
Asimismo, se debe impulsar el acceso y la cobertura de las actuales redes de telecomunicaciones mediante políticas y una regulación que fomente el despliegue de nuevas infraestructuras y la modernización de las existentes, así como la inversión en el sector, especialmente en el caso de la disponibilidad de fondos públicos para la extensión de las infraestructuras digitales a las zonas rurales.
El fomento del teletrabajo mediante la eliminación de la obligación de registrar y controlar el horario laboral del personal y la adopción de acciones específicas y ayudas a PYMES que carecen de la infraestructura tecnológica necesaria son otras de las medidas propuestas.
Se debe, junto a todo ello, dentro de la apuesta por la creación de valor, reforzar los valores de España como país innovador donde se ubican centros internacionales de experiencia, conocimiento y desarrollo de empresas multinacionales del sector tecnológico y promover créditos específicos para la innovación post-covid-19, con mayor inversión pública y privada en I+D+i.
Planes Generales de E-Salud y E-Educación
En cuanto al Plan General de E-salud, el objetivo es impulsar la creación de un big data sanitario a nivel nacional, impulsado por el Ministerio de Sanidad con la participación de todas las comunidades autónomas. Ello facilitaría la migración de la Sanidad tradicional a la e-salud asegurando las infraestructuras hardware y software necesarias en los centros sanitarios, la formación del personal administrativo y sanitario y el acceso a la tecnología de las familias, especialmente las más desfavorecidas.
Por su parte, el Plan General de E-Educación busca la migración de la escuela tradicional a la e-educación asegurando las infraestructuras hardware y software necesarias en las escuelas, la formación del personal administrativo y docente y el acceso a la tecnología de las familias, especialmente las más desfavorecidas, mediante plataformas tecnológicas y la formación y capacitación de las personas, así como acciones formativas en ciberseguridad (en colaboración con los agentes económicos y la empresa privada).
Junto a ambos, se apuesta por un Plan General de E-Administración, que instaure una política de Cloud First para la contratación de servicios TIC de las Administraciones Públicas. Se deben implantar y potenciar los canales digitales (atención al ciudadano y gestión interna de procesos) de las administraciones públicas. En este apartado figura la implantación de una Plataforma nacional, única, innovadora e integradora de servicios públicos 4.0, financiada por la administración. Esta plataforma estará abierta a la administración, las empresas y a la ciudadanía.
Es necesario además impulsar la aplicación de la Ley 39/2015 y aprovechar las ventajas de las tecnologías más innovadoras como Blockchain y facilitar a los ciudadanos trámites con las Administraciones Públicas permitiendo llevarlos a cabo de manera telemática (por ejemplo, pagos electrónicos en la Administración).
Las medidas a corto plazo se completan con un Plan General de Ciberseguridad, promocionando la concienciación y la adopción de medidas de ciberseguridad tanto para pymes como particulares.