Cerca de dos billones de dólares. Esa es la factura que, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, dejaron sin pagar los desastres climáticos durante el año pasado solo en Estados Unidos.
El cambio climático ha dejado de ser algo lejano, plagado de predicciones de futuro que pensábamos que podíamos esquivar. Este fenómeno representa riesgos presentes para las personas, sus actividades y también para la economía y las finanzas globales. Tras más de dos siglos instalados en un sistema desarrollado al calor de la revolución industrial, nos encontramos en un momento de transición.
¿Seguimos repitiendo las mismas recetas, viviendo a costa de los recursos naturales del planeta como si fuesen infinitos? ¿O exploramos una nueva vía, la de la sostenibilidad y el respeto al medioambiente y a nuestro propio destino? Ante esta disyuntiva, toca seguir el rastro del dinero. Aquí es donde entran en juego los sistemas financieros sostenibles.
La ruta hacia un sistema financiero sostenible
Larry Fink es una de las personas más poderosas del mundo. Es el CEO de Black Rock, la mayor empresa de gestión de inversiones del mundo. Los activos que maneja están valorados en 8,7 billones de dólares. Cada año, desde la crisis de 2008, Larry Fink publica una carta a los inversores. En ella desgrana lo que, a su juicio, marcará el futuro cercano de los mercados financieros globales.
Tanto en la edición de 2020 como en la de este año, Fink ha colocado la sostenibilidad y el cambio climático como uno de los factores que moverán más inversiones a nivel global. La transición energética y el cambio hacia modelos económicos bajos en carbono esconden, bajo su punto de vista, las mayores oportunidades de inversión.
Siguiendo su propio ejemplo, Black Rock anunció hace algo más de un año que dejaría de gestionar inversiones en combustibles fósiles. Aunque a día de hoy sigue manteniendo más de 85 000 millones de dólares en carbón, las tendencias señaladas por Fink parecen claras. En 2020, las inversiones bajo principios de sostenibilidad ambiental y social superaron los 40 billones de dólares a nivel global (por comparar, es 100 veces el gasto previsto por los Presupuestos Generales del Estado en España).
Las líneas maestras de esta transición hacia un sistema financiero sostenible las ha querido marcar el programa medioambiental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su ‘Roadmap for a Sustainable Financial System’, publicado en 2017, señalaba las oportunidades de inversión del desarrollo sostenible e indicaba las acciones que a nivel internacional, nacional y privado podían desarrollarse. Desde nuevas leyes que favorezcan las inversiones verdes hasta obligaciones para los mercados financieros.
Cada vez que el sistema capitalista encara una época de transición, los actores económicos buscan nuevas oportunidades de negocio, como nos contaba Matilde Massó, socióloga de la Universidad de A Coruña (Galicia), en esta entrevista. La ruta hacia un sistema financiero sostenible busca conectar esas nuevas oportunidades de negocio con el respeto al medioambiente y la lucha contra el cambio climático.
España y la concreción de las finanzas sostenibles
Uno de los pilares que marca el documento de la ONU para la transición hacia un sistema financiero sostenible es la acción local de los países. En este sentido, invita a las administraciones a elaborar marcos legales para favorecer las finanzas verdes. También señala la importancia de diseñar estrategias de sostenibilidad que identifiquen las oportunidades de negocio.
En España, esta petición ha encontrado acomodo en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Entre sus muchos objetivos, el plan busca fomentar “el papel del sistema financiero como catalizador de la adaptación al cambio climático y continuar explorando y favoreciendo las contribuciones específicas de la actividad aseguradora a la adaptación, con especial atención al seguro agrario, y creando incentivos para la prevención de riesgos”.
Por su parte, la nueva ley, que todavía está siendo tramitada, contempla que las entidades financieras publiquen objetivos específicos de descarbonización de sus carteras en línea con el Acuerdo de París a partir de 2023, y que cada dos años se elabore un informe del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático. Además, busca crear una financiación adecuada en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética.
En ambos documentos sale a relucir de nuevo la palabra riesgo. Y es que, si hay una motivación para avanzar en hacia un sistema financiero sostenible, más allá del beneficio económico, esa es esquivar los riesgos crecientes que implica el cambio climático. Estos riesgos son físicos, como el impacto de los desastres climáticos en Estados Unidos, y también transicionales, derivados de las nuevas políticas o las preferencias de los consumidores.
Las oportunidades y el aumento de la inversión
El crecimiento gradual de un sistema financiero sostenible ha conllevado la aparición de nuevos productos, proveedores y servicios. Esto se traduce, de nuevo, en oportunidades. Así lo señala el informe ‘Innovación financiera para una economía sostenible’, del Banco de España.
Algunos de estos nuevos productos son, por ejemplo, los bonos verdes. Mediante este instrumento financiero, el emisor de los bonos se compromete a informar sobre el uso sostenible de los fondos captados y su impacto en el cambio climático. El primer bono verde se emitió en 2007 y desde entonces su importancia no ha dejado de crecer. Otro de los nuevos productos son los llamados bonos de transición. Este busca facilitar vías de financiación para la transición energética de ciertos tipos de empresas.
En este sentido, España se encuentra en la media de la Unión Europea (UE) según el Indicador de Sostenibilidad Financiera del ‘Informe de la Asociación de Mercados Financieros en Europa’. Junto a Países Bajos, Francia, Alemania y Suecia, España forma el grupo de mayores inversores verdes de la UE. Entre todos aportan un 75% del total invertido, según el informe. Sin embargo, menos un 10% de todos los bonos emitidos desde España el año pasado son considerados bonos verdes.
“Las entidades financieras son un catalizador del proceso de transición ecológica. Las entidades de crédito y otros participantes del sistema financiero son actores imprescindibles para ir hacia esa economía más sostenible porque están en los dos lados. Son proveedores del crédito necesario para que se desarrolle la actividad económica. Y son gestores y canalizadores de gran parte del ahorro”, explican desde la consultora KPMG.
La disponibilidad de capital financiero es clave para innovar y buscar soluciones a la crisis climática que atravesamos. Las entidades financieras son, en gran medida, las que van a hacer posible que el dinero se destine a mantener el sistema y las prácticas que nos han llevado hasta aquí o a que se escoja un nuevo camino. Por ahora, es demasiado pronto para saber si ese camino se va a recorrer de forma decidida o no.
En Nobbot | Green New Deal: ¿se está fraguando la primera respuesta política seria ante el cambio climático?
Imágenes | Unsplash/Annie Spratt, Christine Roy, Malcolm Lightbody, Jason Blackeye